Inmigración: entre el miedo, los datos y la responsabilidad
Ni negar los problemas ni convertir al inmigrante en
el problema
En los últimos años
la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos que más emociones
despierta en las sociedades europeas. El debate ya no se limita a discutir
cuántas personas pueden entrar, en qué condiciones o qué política migratoria
necesita cada país. Con frecuencia se ha transformado en una confrontación
entre dos posiciones aparentemente irreconciliables.
Por un lado, quienes
consideran que cualquier crítica a la inmigración es una manifestación de
xenofobia y tienden a minimizar los problemas que puede producir una llegada
desordenada de personas. Por otro, quienes presentan al inmigrante como una
amenaza para la seguridad, el empleo, los servicios públicos y la identidad
nacional.
Entre ambos extremos
existe una realidad mucho más compleja.
España tiene derecho
a controlar sus fronteras. Tiene derecho a decidir quién puede entrar, en qué
condiciones y con qué requisitos. Tiene también la obligación de perseguir a
las mafias que trafican con personas y de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Pero una cosa es
controlar la inmigración y otra muy distinta convertir al inmigrante en un
sospechoso por el simple hecho de ser extranjero.
Para discutir este
asunto con cierta honestidad necesitamos abandonar los eslóganes y mirar los
datos.
1. Ser extranjero no significa ser delincuente
Uno de los
argumentos que más se repite en determinados discursos políticos es la
asociación entre inmigración y delincuencia.
Se habla de
inmigrantes como delincuentes, violadores o incluso terroristas, como si esas
categorías fueran prácticamente equivalentes.
Los datos no
permiten semejante generalización.
Según la Estadística
de la Población Condenada del Instituto Nacional de Estadística, en 2025 fueron
condenadas en España 306.237 personas adultas. De ellas, el 70,2 %
tenía nacionalidad española y el 29,8 % nacionalidad extranjera.
Dicho de otra
manera: aproximadamente siete de cada diez adultos condenados eran españoles.
Este dato es
importante porque desmonta una afirmación frecuente: que la delincuencia en
España es fundamentalmente extranjera.
Pero sería
intelectualmente deshonesto detenernos aquí.
Cuando el INE
calcula la tasa de condenados por cada 1.000 habitantes adultos, aparecen
diferencias importantes: en 2025 la tasa fue de 6,1 por cada 1.000 entre los
españoles y de 15,3 entre los extranjeros. Es decir, la tasa
correspondiente a la población extranjera fue aproximadamente 2,5 veces
superior.
Por tanto, hay dos
datos que deben mantenerse juntos:
La mayoría de los
condenados son españoles.
Los datos muestran una realidad que no cabe
en un eslogan. En 2025, el 70,2 % de los adultos condenados en España tenía
nacionalidad española, mientras que la tasa de condenados por cada 1.000
adultos era superior entre los extranjeros. Ambas afirmaciones son ciertas
porque una se refiere al número total de condenados y la otra compara la
incidencia dentro de cada población. La diferencia de tasas merece ser
estudiada y no ocultada, pero tampoco permite convertir la nacionalidad en una
explicación de la delincuencia. Para comprenderla es necesario considerar otros
factores, como la edad, el sexo y las condiciones sociales y económicas.
¿Es esto motivo para
ignorar el problema? No.
¿Permite afirmar que
los inmigrantes son delincuentes? Tampoco.
La nacionalidad no
explica por sí sola la delincuencia. En las estadísticas intervienen factores
como la edad, el sexo, la situación socioeconómica, la exclusión social, el
nivel educativo o la propia estructura demográfica de las poblaciones
comparadas.
De hecho, el propio
INE muestra que el grupo de edad con mayor tasa de condenados en 2025 fue el de
21 a 30 años, con 14,4 condenados por cada 1.000 habitantes.
Esto resulta
especialmente relevante cuando se comparan poblaciones con estructuras de edad
diferentes.
La conclusión
razonable no es ocultar las diferencias existentes, sino interpretarlas
correctamente.
Hay delincuentes
españoles y extranjeros. La ley debe actuar contra ellos por lo que hacen, no
contra ellos por lo que son.
2. La seguridad
es una preocupación legítima
Reconocer lo
anterior tampoco significa negar que la seguridad ciudadana sea un problema
importante.
Cualquier ciudadano
tiene derecho a vivir sin miedo a ser asaltado, agredido o robado. Una sociedad
democrática no puede pedir a sus ciudadanos que acepten el delito en nombre de
la solidaridad.
Pero tampoco debemos
alimentar la sensación de que España vive sumida en una delincuencia
descontrolada.
El Balance de
Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al primer semestre de
2025 registró 1.212.268 infracciones penales, un 0,9 % menos que en el
mismo periodo de 2024. La tasa de criminalidad convencional se situó en 40,6
delitos por cada 1.000 habitantes, una de las cifras más bajas de la serie
histórica.
Existe, por tanto,
un fenómeno curioso.
La preocupación por
la seguridad puede aumentar aunque determinados indicadores generales de
criminalidad no lo hagan.
Esto demuestra la
enorme importancia que tienen las imágenes, las redes sociales, los casos
especialmente violentos y la repetición constante de determinadas noticias.
Un delito cometido
por un extranjero puede convertirse en una noticia nacional. Miles de
extranjeros que trabajan, estudian, cuidan ancianos, conducen autobuses,
trabajan en restaurantes, construyen viviendas o cotizan a la Seguridad Social
no constituyen noticia.
El problema aparece
cuando lo excepcional se presenta como representativo.
3. ¿Vienen los
inmigrantes a vivir de las ayudas?
Esta es otra de las
afirmaciones que más se repiten:
"Vienen,
reciben ayudas y viven del Estado."
Pero tampoco los
datos permiten formularlo de esa manera.
Tomemos como ejemplo
el Ingreso Mínimo Vital.
Para acceder a esta
prestación no basta con ser extranjero. Entre los requisitos generales figura
tener residencia legal y efectiva en España durante al menos el año anterior,
además de encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y cumplir otras
condiciones relativas a la unidad de convivencia.
Es decir, no existe
una prestación denominada "ayuda al inmigrante".
El sistema de
protección social establece unas determinadas condiciones y, en términos
generales, esas condiciones se aplican con independencia de que el beneficiario
sea español o extranjero.
Esto no significa
que no pueda existir fraude, ni que todas las prestaciones estén perfectamente
diseñadas, ni que no podamos discutir si algunas ayudas deberían estar mejor
vinculadas a la formación y al empleo.
Es perfectamente
legítimo defender una política social que incentive la incorporación al mercado
laboral.
Pero una cosa es
discutir cómo debe funcionar el Estado del bienestar y otra afirmar que los
extranjeros disponen de un sistema de ayudas reservado para ellos.
La pobreza puede
dar derecho a una prestación; la nacionalidad, por sí sola, no.
4. Millones de
extranjeros trabajan y cotizan
Probablemente uno de
los datos que más contradice la imagen del inmigrante mantenido por el Estado
sea el número de extranjeros que trabajan en España.
En julio de 2026 la
Seguridad Social alcanzó por primera vez los 3.512.223 afiliados extranjeros
de media. Representaban el 15,6 % del conjunto de afiliados y habían
aumentado en 420.875 personas respecto a un año antes.
No estamos hablando
de una realidad marginal.
Estamos hablando de
más de tres millones y medio de personas que participan directamente en el
mercado laboral y realizan sus correspondientes cotizaciones.
Además, su presencia
no se limita a trabajos poco cualificados. Es especialmente importante en
sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción, el transporte y
determinadas actividades administrativas, pero también está creciendo en
actividades profesionales, científicas, financieras y tecnológicas.
Un estudio del Banco
de España señala, además, que en 2024 el número de ocupados extranjeros aumentó
un 6,9 %, frente al 1,4 % de crecimiento de los ocupados nacionales.
Por tanto, sería
absurdo afirmar que todos los inmigrantes vienen a vivir de las prestaciones.
Una parte importante
de la población extranjera está haciendo exactamente lo contrario:
trabaja, cotiza,
paga impuestos y participa en la producción de bienes y servicios que necesita
la sociedad española.
5. España
necesita trabajadores
Aquí aparece una
contradicción que deberíamos afrontar con serenidad.
España envejece.
Tenemos menos
nacimientos, vivimos más años y aumenta el número de personas que alcanzan
edades avanzadas.
Las proyecciones del
INE muestran que durante los próximos años el número de defunciones continuará
siendo superior al de nacimientos. Entre 2024 y 2038 se proyectan unos 5,5
millones de nacimientos, un 8,7 % menos que en los quince años anteriores.
La consecuencia es
clara:
España necesita
aumentar su población activa si quiere mantener su nivel de actividad económica
y sostener un Estado del bienestar que tendrá que atender a una población cada
vez más envejecida.
Las propias
proyecciones del INE muestran hasta qué punto la inmigración resulta
determinante. En un escenario hipotético de saldo migratorio nulo durante todo
el periodo 2024-2074, la población española podría descender hasta unos 32
millones de habitantes.
Esto no significa
que la inmigración sea la solución mágica al problema demográfico.
No lo es.
Los inmigrantes
también envejecen y sus tasas de fecundidad terminan aproximándose con el
tiempo a las del país receptor.
Por eso España
necesita simultáneamente una política de apoyo a la natalidad, vivienda
accesible, aumento de la productividad, formación profesional, conciliación
familiar y una política migratoria ordenada.
Pero ignorar la
aportación de la inmigración sería cerrar los ojos ante una realidad evidente.
6. No necesitamos
cualquier inmigración: necesitamos integración
Reconocer la
necesidad de inmigración no significa defender una política de fronteras
abiertas sin condiciones.
Al contrario.
Si España necesita
trabajadores extranjeros, lo razonable sería intentar que buena parte de esa
inmigración se produzca de forma legal, ordenada y vinculada a las
necesidades reales del mercado laboral.
Sería deseable que
quien llegara pudiera conocer el idioma, comprender las normas básicas de
convivencia y disponer de una formación que facilitara su incorporación al
mercado laboral.
No hay nada xenófobo
en defender esto.
Al contrario: la
integración exige derechos, pero también exige responsabilidades.
Aprender el idioma.
Respetar las leyes.
Escolarizar a los
hijos.
Trabajar cuando se
está en condiciones de hacerlo.
Respetar la libertad
religiosa y personal de los demás.
Aceptar las normas
básicas de convivencia.
Y, al mismo tiempo,
recibir un trato digno y disponer de oportunidades reales para integrarse.
La integración no
consiste en exigir al inmigrante que deje de ser quien es.
Consiste en
permitirle conservar parte de su identidad mientras aprende a formar parte de
una sociedad que también es la suya.
7. La inmigración
irregular es otra cuestión
Aquí debemos hacer
una distinción fundamental.
Una cosa es hablar
de inmigración y otra de inmigración irregular.
Un ciudadano
extranjero que reside legalmente en España y trabaja no puede ser colocado en
el mismo saco que una persona que ha entrado irregularmente.
La inmigración
irregular plantea problemas específicos:
¿Quién puede entrar?
¿Cuántas personas
puede recibir el país?
¿Cómo se gestionan
las fronteras?
¿Qué ocurre con
quienes no tienen derecho legal a permanecer?
¿Cómo se lucha
contra las mafias que organizan las rutas?
¿Cómo se garantiza
la seguridad?
¿Cómo se realizan
las expulsiones cuando legalmente corresponden?
Son preguntas
legítimas.
Una política
migratoria seria tiene que responderlas.
Pero hay algo que no
deberíamos hacer:
convertir la
irregularidad administrativa en una identidad moral.
Una persona puede
encontrarse en situación irregular sin ser delincuente violento.
Puede haber
incumplido una norma administrativa y seguir siendo una persona honrada.
Del mismo modo que
un ciudadano español puede cometer un delito y seguir teniendo derechos
fundamentales.
El Estado debe
aplicar la ley, pero no necesita deshumanizar a quien la ha infringido.
8. La frontera no
puede ser la única política migratoria
Hay otra pregunta
que suele quedar fuera del debate:
¿Por qué vienen?
Una persona no
atraviesa el desierto, cruza el Mediterráneo o se sube a una embarcación
precaria porque le resulte agradable abandonar su país.
En muchos casos hay
detrás pobreza, falta de oportunidades, guerras, persecuciones, inestabilidad
política, desigualdad o ausencia de perspectivas.
Esto no justifica la
entrada irregular.
Pero ayuda a
comprenderla.
Y comprender no
significa justificar.
Si queremos reducir
la inmigración irregular de manera duradera, necesitamos actuar también sobre
las causas que la generan.
Eso exige
cooperación con los países de origen, inversión, educación, formación
profesional, creación de empleo y vías legales y seguras de migración.
También exige
combatir a las organizaciones criminales que convierten la desesperación humana
en un negocio.
La experiencia
histórica muestra que levantar una barrera no hace desaparecer el deseo de
emigrar cuando las diferencias entre sociedades siguen siendo enormes.
Puede cambiar la
ruta.
Puede aumentar el
precio.
Puede hacer el viaje
más peligroso.
Pero no
necesariamente elimina la causa.
9. La paradoja
europea
Europa se encuentra
ante una paradoja.
Necesita
trabajadores.
Necesita aumentar su
población activa.
Necesita mantener
sus sistemas de pensiones y servicios públicos.
Pero, al mismo
tiempo, una parte importante de la población teme que la inmigración provoque
inseguridad, pérdida de identidad, presión sobre la vivienda o deterioro de los
servicios públicos.
No podemos resolver
esta contradicción mediante propaganda.
Necesitamos
política.
Una política que
diga claramente:
Sí al control de
las fronteras.
Sí a la lucha
contra las mafias.
Sí a las
expulsiones cuando procedan legalmente.
Sí a exigir el
cumplimiento de las leyes.
Sí a una
inmigración legal y ordenada.
Pero también:
No a identificar
extranjero con delincuente.
No a atribuir a
los inmigrantes todas las dificultades de los servicios públicos.
No a afirmar que
todos viven de las ayudas.
No a convertir
determinados delitos cometidos por extranjeros en una explicación de toda la
inmigración.
No a utilizar el
miedo como sustituto de una política migratoria.
10. ¿Por qué
crece la extrema derecha?
Quizá la pregunta
más interesante no sea únicamente por qué llegan los inmigrantes, sino por qué
una parte creciente de la sociedad está dispuesta a escuchar discursos cada vez
más duros contra ellos.
La respuesta
probablemente no sea simplemente el racismo.
Hay personas
preocupadas por la vivienda.
Por los salarios.
Por la inseguridad.
Por la saturación de
determinados servicios públicos.
Por la sensación de
pérdida de control.
Por la rapidez de
los cambios culturales.
Por la dificultad de
integrar a determinadas comunidades.
Y por la percepción
de que las instituciones no tienen respuestas.
Si la política
democrática responde a todas estas preocupaciones llamando "racista"
a quien las plantea, dejará un espacio enorme para quienes prometen soluciones
sencillas.
La extrema derecha
crece, en parte, porque ofrece respuestas simples a problemas complejos.
"Expulsémoslos."
"Cerremos las
fronteras."
"Son ellos los
culpables."
"Las ayudas son
para los extranjeros."
"Los
delincuentes son inmigrantes."
Son mensajes fáciles
de entender.
El problema es que
la realidad es mucho más complicada.
11. La
responsabilidad de quienes defienden la inmigración
Pero también quienes
defendemos una visión abierta de la inmigración tenemos una responsabilidad.
No podemos negar los
problemas.
No podemos decir que
todos los inmigrantes se integran perfectamente.
No podemos negar que
existen barrios donde la concentración de población vulnerable genera
problemas.
No podemos ignorar
las dificultades de determinados ayuntamientos.
No podemos negar que
existen diferencias en las tasas de delincuencia.
No podemos defender
una inmigración ilimitada sin preguntarnos cuál es la capacidad real de
integración de una sociedad.
Y tampoco podemos
exigir solidaridad a los ciudadanos sin preocuparnos por sus problemas
cotidianos.
La solidaridad
necesita límites, organización y recursos.
De lo contrario,
puede terminar provocando rechazo precisamente entre quienes inicialmente
estaban dispuestos a acoger.
12. Una política
migratoria adulta
Quizá España
necesite abandonar definitivamente dos posiciones asimismo insuficientes.
La primera sostiene:
"Que venga
todo el mundo; ya veremos cómo lo solucionamos."
La segunda:
"Que no
venga nadie; el problema desaparecerá."
Ninguna de las dos
responde a la realidad.
España necesita
inmigración, pero no cualquier inmigración.
Necesita
trabajadores, pero también necesita integración.
Necesita controlar
sus fronteras, pero también necesita vías legales de entrada.
Necesita perseguir
el delito, pero sin convertir la nacionalidad en una sospecha.
Necesita proteger
sus servicios públicos, pero sin construir un relato falso sobre quién los
utiliza.
Necesita cooperar
con los países de origen, porque ningún muro será suficiente si las causas de
la emigración permanecen intactas.
Y necesita, sobre
todo, recuperar una cosa que el debate político parece haber perdido:
la capacidad de
distinguir.
Distinguir entre
inmigración legal e irregular.
Entre inmigrante y
delincuente.
Entre delincuencia y
nacionalidad.
Entre ayuda social y
privilegio.
Entre integración y
asimilación.
Entre control
fronterizo y rechazo al extranjero.
Entre solidaridad e
ingenuidad.
Entre seguridad y
miedo.
13. Ni ingenuidad
ni xenofobia
La inmigración no es
buena ni mala por sí misma.
Es un fenómeno
humano.
Puede generar
riqueza, rejuvenecimiento demográfico, diversidad cultural y fuerza laboral.
También puede
generar problemas cuando se produce de manera desordenada, cuando no existen
suficientes recursos de integración o cuando determinadas personas quedan
atrapadas en la marginalidad.
La respuesta no
puede ser negar unos problemas ni exagerar otros.
Debe ser
gestionarlos.
España puede
defender sus fronteras sin odiar a quienes están al otro lado.
Puede exigir el
cumplimiento de sus leyes sin deshumanizar.
Puede expulsar
legalmente a quien deba ser expulsado sin convertir a todos los extranjeros en
una amenaza.
Puede acoger a quien
tenga derecho a protección sin renunciar al control migratorio.
Puede necesitar
trabajadores extranjeros y, al mismo tiempo, exigirles que aprendan el idioma y
respeten las normas de convivencia.
Y puede reconocer
que la delincuencia existe entre la población extranjera sin olvidar que la
mayoría de las personas condenadas en España son españolas. En 2025 fueron
el 70,2 %.
La realidad no cabe
en un eslogan.
Y quizá ese sea
precisamente el problema.
Cuando una sociedad
tiene miedo, busca culpables.
Cuando una sociedad
piensa, busca causas.
Conclusión: mirar
al ser humano sin cerrar los ojos ante el problema
La inmigración nos
coloca ante una de las grandes preguntas de nuestro tiempo:
¿Cómo podemos
proteger nuestra sociedad sin dejar de reconocer la humanidad de quienes llaman
a nuestra puerta?
No tenemos que
escoger entre seguridad y humanidad.
Necesitamos ambas.
Una frontera
controlada no tiene por qué ser una frontera cruel.
Una política de
integración no tiene por qué ser una política de fronteras abiertas.
Una política de
expulsión de quienes no tienen derecho a permanecer no tiene por qué
convertirse en una política de odio.
Y una política de
acogida no tiene por qué significar ausencia de límites.
Quizá la verdadera
madurez de una sociedad consista precisamente en ser capaz de sostener dos
verdades al mismo tiempo:
Tenemos derecho a
proteger nuestra casa.
Y quienes llaman
a nuestra puerta siguen siendo seres humanos.
El reto no consiste
en elegir entre seguridad y solidaridad.
Consiste en
construir una política capaz de hacer compatibles ambas.
Porque cuando
dejamos que el miedo piense por nosotros, cualquier extranjero puede
convertirse en una amenaza.
Pero cuando dejamos
que la ingenuidad piense por nosotros, cualquier problema puede quedar sin
respuesta.
Entre ambos extremos
existe un espacio mucho más difícil:
el de la
responsabilidad.
Y probablemente sea
ahí donde debería situarse el debate sobre la inmigración.
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